APLICAN MEDIDAS CAUTELARES A EJECUTIVOS DE CGE POR DELITO DE INCENDIO

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Por responsabilidad culposa negligente en el delito de incendio fueron formalizados y sujetos a medidas cautelares, tres ejecutivos de la empresa CGE Distribución.

El Gerente Zonal, Juan Manuel Ortega Muñoz, y el Jefe de Mantenimiento, Pablo Loyola Apablaza, quedaron con firma mensual y arraigo nacional, mientras que el técnico eléctrico, Leonardo Sazo Recabal, con arraigo nacional por los siete meses que dure la investigación emanada desde el Tribunal de Garantía de Curepto.

Se les imputa la Ley de Bosque, al no tomar las normas de seguridad para realizar mantención o poda de árboles cercanos a conductores energizados que, al contacto, provocaron incendios forestales en los sectores Maquis, Higuerilla, Los Molinos y Tabunco, en donde se consumieron 4.200 hectáreas de bosque de pino y vegetación.

El Fiscal Regional, Mauricio Richards, explicó los argumentos esgrimidos en la audiencia de formalización.

“La norma que se infringe está contenida en la ley de bosques. Se trata de una norma reciente que lleva poco tiempo y sanciona a quienes de manera negligente hagan uso de fuentes de calor. En este caso creemos que el uso de la distribución de energía eléctrica y la cantidad de normativa que lo regula fue vulnerada por la Empresa CGE a través de sus ejecutivos y que a raíz de ello se generaron estos cuatro incendios que indicamos en la formalización y a fines de octubre en el Tribunal de Licantén. También vamos a formalizar por el mismo delito a los mismos ejecutivos, sumándose otros por el incendio que ocurrió en el sector de Aquelarre. Existiendo voluntad de la compañía nosotros vamos a hacer un esfuerzo para acceder algún tipo de reparación a la víctima, teniendo presente que no es posible por un acuerdo reparatorio por el tipo de delito y los bienes jurídicos que están en juego no se puede hacer un acuerdo directo con las víctimas, pero si puede haber acuerdo con el ministerio público a través de una suspensión condicional del procedimiento. Si optamos por esa vía seguramente se exigirá a la compañía no sólo reparar a las víctimas sino que también el daño causado al medio ambiente y la flora y fauna”, manifestó Richards.

Se trata de 130 pequeños propietarios que perdieron sus predios forestales, a raíz de los violentos incendios forestales que estallaron para el verano.

La normativa eléctrica obliga a las empresas a podar árboles y ramas para no interferir las líneas o cercos eléctricos.

Sin embargo, la falta de mantención provocó los siniestros.

Las medidas cautelares para estos tres ejecutivos de la empresa eléctrica, quienes salieron bajo una celosa escolta rumbo a un furgón que los trasladó de regreso a Talca, aseguran su comparecencia en futuras audiencias.

Las pérdidas materiales que sufrieron los 130 afectados bordean los dos mil millones de pesos.

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