OPOSICIÓN CREE QUE EDIL TALQUINO “NO TIENE VERGÜENZA”

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“El alcalde confirmó que no tiene vergüenza. Una autoridad no puede pedirle a la justicia que proteja sus derechos constitucionales, en circunstancias que posee un historial de notable abandono de deberes y faltas a la probidad, conocido por todos”.

Así lo expresó el vocero de la Mesa Comunal de Oposición, Gonzalo Parada, respecto al recurso de protección que presentó el jefe municipal, Juan Carlos Díaz, ante la Corte de Apelaciones de Talca, para inhibir la resolución de la Contraloría que recomienda a los concejales iniciar un proceso de destitución.

“Díaz sigue mintiéndole a la ciudadanía. Señaló que un alcalde no puede ser juzgado por una comisión especial. Yo le aclaro a este señor que el Tribunal Electoral no es una comisión antojadiza; es la instancia establecida precisamente por la Constitución para conocer asuntos vinculados a las elecciones y a las autoridades elegidas por voto popular”, agregó el también presidente del PPD en Talca.

Patrocinado por el estudio jurídico que lidera el exministro de Justicia, Isidro Solís, el jefe municipal ingresó la acción legal el pasado 22 de diciembre frente a una supuesta “amenaza a mi derecho fundamental a la igual protección de la ley en el ejercicio de mis derechos, toda vez que se pretende seguir un juzgamiento en mi contra por una comisión especial”, según indica el documento presentado en la corte con el número 3479-2018.

“Para mi es insólito que un alcalde se querelle contra el máximo órgano público que por ley fiscaliza a los empleados municipales, alcaldes y concejales. Don Juan Carlos Díaz, ha cumplido ambos roles”, sostuvo el concejal Juan Carlos Figueroa (DC).

Ejecutando la instrucción de Contraloría, Figueroa firmó un poder notarial para tramitar la petición de remoción del alcalde ante el TER, el pasado 2 de diciembre, junto a sus colegas Sixto González (PC) y Hernán Astaburuaga (PS).

Esta solicitud no contó con el apoyo del concejal Victor Inzulza (IND-PR), quedando sin quorum para llegar a puerto.

“Es un desacato a la autoridad y a la ley. (El alcalde) presionó a sus pares para que no cumplieran con el hágase efectivo contra el responsable”, añadió Figueroa.

Por su parte, Díaz se ha defendido afirmando que “yo en el 2014 era funcionario municipal y el TER establece responsabilidades políticas y como alcalde no he incurrido en ninguna falta”.

“Es claro el intento por inhibir la acción fiscalizadora de los concejales por parte del alcalde, y contradictorio a la vez, porque si ha pregonado a todos los que quieran escuchar que es inocente y que no tiene nada que ocultar, debiera estar tranquilo y dejar que se pronuncie el concejo municipal y el Tribunal Electoral. La impresión es que está desesperado y quiere hacer partícipe de su problema a un órgano ajeno al control administrativo de su función, como es una Corte de Apelaciones, que es donde mejor se desenvuelve pagando los mejores abogados que tiene al alcance”, aseveró el concejal González.

“Nos haremos asesorar jurídicamente -precisó- para salir al paso a este patético intento, uno más, de anular las funciones y atribuciones del Concejo Municipal. Hago un llamado al alcalde a que se ponga los pantalones y enfrente a los mecanismos dispuestos para zanjar los hechos de los que se le acusan. El que nada hace nada teme”.

A juicio del portavoz de la oposición, el jefe comunal debe dilucidar quién pagará los honorarios de su abogado.

“En su concurrido punto de prensa, Díaz explicó en detalle por qué según él no habría ningún problema en firmar contratos como alcalde subrogante con la misma empresa que hacía negocios personales. Pero no se tomó la molestia de transparentar si acude a la corte a título personal o le paga a su abogado a través del municipio. A todos los talquinos nos gustaría saber”, manifestó Parada.

El caso investigado por la Contraloría quedó impune en el terreno penal, luego en abril de 2018, el Juzgado de Garantía de la capital regional acogiera una solicitud del Ministerio Público y decretara la suspensión del procedimiento.

La salida alternativa, que también benefició al senador Juan Castro, al consejero regional Juan Valdebenito y al gerente de la Sociedad de Transportes CTS Ltda., Christian Tizza; contempló indemnizaciones individuales por cinco millones de pesos a la municipalidad y donaciones, por otros tres millones, al Hogar del Buen Samaritano de Molina.

Díaz afrontaba cargos por cohecho y malversación de caudales públicos.

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